Los consumidores se protegen frente a la banca

Tras la sentencia dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo en relación al recurso de casación número 1505/2018 que dio lugar a la modificación de la jurisprudencia anterior durante unos días se produjo un terremoto jurídico y social. Si los bancos se hacían cargo de pagar ese dinero iba a suponer un tremendo varapalo para sus arcas.

De este modo se emplazó a los magistrados a deliberar en una sesión especial y en el que la decisión de cargar el impuesto a los clientes estuvo muy dividida: de los 28 magistrados reunidos, 15 votaron en contra del cliente mientras otros 13 se mostraron a favor de que sean las entidades quienes paguen.

La polémica sentencia pretendía resolver un recurso de casación de la Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas Vaciamadrid contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid. El texto reconoce la “solidez de buena parte” de los argumentos en los que descansa la jurisprudencia actual, pero sostiene que es preciso “corregirla” al entender que el obligado al pago es el acreedor. El alto tribunal admite que si bien la ley del impuesto establece “expresamente” que el sujeto pasivo es el tomador de la hipoteca, también afirma “expresamente” que tal obligado será “en la constitución de derechos reales”, aquel “a cuyo favor se realice este acto”, condición, añade el tribunal, que ostenta el “acreedor hipotecario”.

Desde Voy a defenderte.com creemos que el Tribunal Supremo debe tener “razones poderosas” para “contradecir lo que dicen los jueces especialistas en derecho tributario” con su decisión sobre las hipotecas y considerar que el daño hecho a la Justicia es irreparable. El Tribunal Supremo ha decidido que el cliente pague el impuesto de las hipotecas, algo que no sorprende después de que en 2013 resolviera que la banca se quedara con todo lo que había defraudado con la cláusula suelo, aunque después el TJUE hizo Justicia.
El impuesto de actos jurídicos documentados varía entre comunidades autónomas. Se estima que para una hipoteca tipo de 150.000 euros, con un tipo del 1,5%, solo en el AJD equivale a 4.050 euros. A eso habría que añadir el resto de los gastos que pueden ascender a más de 1.500 euros, (600€ de notario, 200€ de registro, 350€ de tasación y 400€ de gestoría aproximadamente), lo que supone un total 5.550 euros, una cantidad que oscila en función del impuesto y del año en que se constituyó la hipoteca.

Ante tal decisión la respuesta del Gobierno de Pedro Sánchez ha sido aprobar un real decreto para asegurar que sean los bancos los que asuman el impuesto de Actos Jurídicos Documentados de las hipotecas. Así a partir del lunes 12 de noviembre de 2018 la entidad financiera deberá asumir los gastos correspondientes a la escritura de la hipoteca, la gestoría y el arancel notarial dejando al consumidor el pago de la tasación.

Esta norma llega a nuestro país con un retraso considerable de dos años y medio respecto a las exigencias de la Unión Europea. Hay que recordar que España es el cuarto país de la Unión Europea con las hipotecas más cara.

Es previsible que las entidades financieras suban de forma gradual el precio de las hipotecas para compensar el abono de este impuesto. Sin embargo, puede que estas sean moderadas por la fuerte competencia que mantiene el sector. Lo que no cambia es que en Voy a defenderte.com, seguiremos defendiendo los intereses y derechos de nuestros clientes con la misma profesionalidad hasta donde sea necesario para obtener justicia.